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El Perú por la singularidad de su variada y compleja ecogeografía posee el privilegio de ser un país megadiverso a nivel mundial. Mas pese a su vasta riqueza en recursos naturales, diversidad de ecosistemas, territorios y paisajes, de especies y recursos genéticos, así como de la existencia de 55 pueblos indígenas, sus culturas y valiosos conocimientos tradicionales; lejos de ser una gran oportunidad para lograr su ansiado crecimiento económico y desarrollo, “la promesa de la vida peruana” como ensayó el historiador Jorge Basadre. Luego de más de 200 años como república independiente, esto no ha sido así. Y es que persisten políticas disfuncionales y discontinuas que en la realidad concreta no valoran el legado histórico y la importancia estratégica de la agricultura familiar peruana para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y como una fuente importante de empleo rural.
Nos encontramos en el Decenio de Las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028)[1], proclamado como una excepcional oportunidad para que los países la aborden desde una perspectiva integral, con el fin de lograr transformaciones significativas en los sistemas alimentarios actuales que contribuyan a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De allí el gran desafío para el Perú de reflexionar sobre las políticas públicas que promueve en pro de la agricultura familiar -y su vínculo estrecho con la agroecología- como su leitmotiv para la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.
Se estima que la agricultura familiar provee a nivel mundial el 70% de los alimentos y es la base de la seguridad alimentaria de la población. En el Perú, la agricultura familiar representa el 97% del total de 2.2 millones de unidades agropecuarias que proveen el 57% de la alimentación nacional. Y más del 83% de los trabajadores agrícolas realizan agricultura familiar y es la base de la seguridad alimentaria de la población nacional.[2] Acorde con lo que refiere el plan de acción mundial para la agricultura familiar de la ONU 2019-2028, “Hoy la agricultura se halla en una encrucijada. Se enfrenta a una presión cada vez mayor por proporcionar alimentos suficientes, asequibles y nutritivos a una población en crecimiento, así como por lidiar con el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, en particular la escasez de agua, el agotamiento del suelo y la pérdida de biodiversidad (…). Los agricultores familiares han demostrado su capacidad de diseñar nuevas estrategias y dar respuestas innovadoras a los retos emergentes de índole social, ambiental y económica. No solo producen alimentos. Cumplen simultáneamente funciones ambientales, sociales y culturales, y son guardianes de la biodiversidad al preservar el paisaje y conservar el patrimonio comunitario y cultural. Por añadidura, poseen conocimientos para producir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, en el marco de las tradiciones autóctonas.”
En tiempos tan cambiantes e inciertos ante las varias crisis que hoy vivimos, contra todo sentido común, para cierta corriente tecnocrática del sector público -incluso del privado- puede ser idealista o desfasado sostener la importancia estratégica que tiene la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y nutricional. Porque para algunos grupos de interés la agricultura es sólo un negocio para intercambiar productos con el mercado, una agricultura contractual como la agricultura convencional que encima lo crematístico sobre otros valores y principios fundamentales. En tanto el Ejecutivo y el Congreso sólo parecen abocados en políticas y subsidios para el sector agroexportador y agroindustrial de la costa. Así, se sigue malgastando la oportunidad de impulsar una reforma profunda por un modelo agrario que revalorice la agricultura familiar, la agroecología y los sistemas alimentarios con el derecho de la población a alimentarse y a vivir sin discriminación en un ambiente sano.
Las políticas y normas relativas al fomento y desarrollo de la agricultura familiar y la agroecología existen, pero más en el papel y el discurso que en la acción concreta de la clase política y los gobiernos, ya que no se cuenta con los instrumentos y recursos necesarios ni existe voluntad política y continuidad para aplicarlas. Se tiene la Política Nacional Agraria (DS 002-2016-MIDAGRI), la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar (DS 009-2015-MIDAGRI), la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley N° 30355-2015), Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley N° 31315-2021), Ley de Servicios Ecosistémicos (Ley Nº 30215-2014), el Plan Nacional de Agricultura Ecológica-PLANAE 2021-2030 y programas AgroRural o Haku Wiñay del MIDIS, entre otros, que evidencian avances parciales y cuyos entes operan desarticulados con pocos recursos y sin un marco de integración intersectorial, multisectorial. Por ello urgen cambios positivos para revertir la situación actual del Perú que, según FAO 2024, tiene la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en América del Sur: es decir, 51.7% de peruanos que enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa (cerca de 17.6 millones de habitantes)[3]. Y según el INEI-ENDES 2023, 43.1% de niños y niñas de 6 a 35 meses sufre de anemia en Perú, limitando su desarrollo físico y cognitivo.
En Perú y en varios países del mundo la agricultura familiar parece seguir rumbo a un punto de inflexión, pues ante el imperativo económico y comercial de seguir el modelo convencional de modernización agraria e industrialización corporativa, a la par de sus impactos ambientales y la degradación de ecosistemas, se corre el riesgo de afectar más recursos de biodiversidad y sistemas tradicionales alimentarios, así como saberes y prácticas empáticas de culturas y pueblos originarios con el ambiente, como su capacidad de resiliencia y adaptación frente a factores adversos del entorno. Por eso proclamamos que la agricultura familiar y la agroecología es lo más cercano al paradigma de los sistemas alimentarios sostenibles.
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